Quienes reconvierten en negocio privado la gerencia de los bienes públicos expropian a la ciudadanía sus bienes y los derechos sobre ellos. La sanidad, cuya gestión afecta a la vida, es una causa ciudadana y en consecuencia su administración ha de ser pública. Quien privatice las plusvalías de su gestión comete un robo.
Digamos que hablamos del caso Güemes: Este ilustre ciudadano, Juan José de nombre, en su función de administrador público, Consejero del Gobierno autónomo de Madrid, advierte a los cuatro vientos del gran negocio "lucrativo" que pueden ser los cuidados de la salud; reconvierte a privados una parte de ellos, los análisis clínicos, y dos años después se apropia de su comercialización. Fué y es una expropiación o robo. ¿Habré de decir presunto, para salvaguardar mi comentario de cualquier argucia leguleya? pues presunto robo, digo. También sé que su querida esposa, doña Andrea Fabra, tiene respuesta a mi protesta: "que se joda". Como la nieve en las altas montañas, la apropiación indebida de las pluvalías, por enajenación de los bienes públicos, es perpetua en todas las cumbres. Mi respuesta es la necesidad de reiniciar el sistema.
Han estado ochos años, sin hacer nada, y en un año estan destruyendo todo,lo que se ha construido en 35 años, veremos el 2015 como se encuentra España.
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